Una vez más, organizaciones civiles y sociales le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que abra un macrocaso para estudiar la violencia sexual reproductiva, basada en género y contra personas LGBTIQ que se presentó en el marco del conflicto armado interno.

Esta es una petición en la que han insistido varias organizaciones desde hace más de 2 años. En particular, la Alianza Cinco Claves, que reúne a varias ONG, le entregó el 20 de febrero de 2020 un documento a la JEP sobre la violencia sexual y el conflicto, pidiéndole abrir un caso para estos hechos, pero esto no ha pasado.

«Pese a la importancia del caso para las víctimas, la propuesta no se ha materializado», dice Cinco Claves, y las organizaciones que la integran reiteraron que estas violencias tienen «una suficiente capacidad explicativa de lo ocurrido en el conflicto armado, y que su investigación conjunta permitirá alcanzar los objetivos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el acuerdo final de paz».

Añadieron que en el país persiste un panorama de impunidad histórica frente a estos crímenes y una desaceleración en la implementación de las medidas de género establecidas en el acuerdo de paz.

Por todo esto, la Alianza presentó un nuevo documento a la JEP con argumentos que sustentan la apertura del caso como medida urgente en una justicia transicional con perspectiva de género. 

Entre esos argumentos señalan que estas violencias se han perpetrado por todos los actores armados, en la mayor parte del territorio nacional, a gran escala, a partir de patrones de perpetración en el marco de una estrategia de guerra y en un contexto de discriminación estructural.

Y que un macrocaso en la JEP sobre esto contribuirá a superar los obstáculos de acceso a la justicia de mujeres y personas LGBT, y  la impunidad histórica de la violencia sexual, reproductiva y otros hechos motivados en la sexualidad de las víctimas.

«El caso demanda la construcción de una metodología con enfoque de género que impulse de manera autónoma la investigación y el juzgamiento de las conductas abarcadas en el caso nacional y que permita su caracterización y calificación adecuada en el marco del conflicto armado, no como hechos aislados, sino como una práctica derivada del ejercicio del poder», reiteraron.

Desde su puesta en marcha, la JEP ha abierto siete macrocasos, que abordan el secuestro, los ‘falsos positivos’, el asesinato e miembros de la Unión Patriótica, el reclutamiento forzado y la situación territorial de Urabá, Sur del Valle y Norte del Cauca, y  el suroccidente de Nariño.

Fuentes: El Tiempo , Portal Diverso Ecuador.