Cientos de madrileños que buscan una cirugía de confirmación de género en la sanidad pública se encuentran con un tapón causado por la Comunidad de Madrid que está ahogando al departamento que centraliza la atención, a pesar de un fuerte aumento de la demanda. El doctor Antonio Becerra, fundador en 2007 de la Unidad de Identidad de Género (UIG), encargada de las derivaciones a quirófano, denuncia que tras su jubilación al finalizar 2019, el personal ha dejado de dedicarse exclusivamente a la atención a las personas trans para atender otras enfermedades endocrinas como la diabetes o trastornos de la conducta alimentaria. Esta reducción del servicio, que está provocando sufrimiento y una oleada de quejas, se ha producido a pesar de que la demanda se ha multiplicado por seis: de 100 nuevos solicitantes al año en 2017 a 600 en 2019, según Becerra.

“Lo han reducido a una consultilla porque no creen en este tema”, protesta en conversación con este periódico el médico, que ahora pasa consulta privada y es coordinador del grupo de trabajo sobre identidad en la Sociedad Española de Endocrinología.

La UIG es un pequeño departamento con una endocrina, dos psicólogos, una gestora de pacientes y una auxiliar de enfermería. El equipo contaba con dos endocrinos antes de la jubilación de Becerra. Su sede se encuentra en un sótano del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, una mole de 17 plantas en el norte de Madrid. Ellos controlan una lista de espera que no es pública y que contiene las derivaciones al quirófano donde se hacen las cirugías, en el cercano Hospital de La Paz. La cola para una primera consulta es de casi un año; para cirugías supera en algunos casos los seis años, según denuncian los pacientes. Una portavoz del Hospital Ramón y Cajal responde a este periódico que la lista de espera actual es de nueve a 12 meses, debido al impacto de la pandemia de coronavirus, pero este dato es desmentido por Becerra y una fuente médica cercana a la UIG que pide anonimato para evitar represalias. También lo refrendan asociaciones y pacientes que llevan años en el limbo.

La reorganización ha supuesto que el nuevo hombre fuerte en la UIG es el jefe del servicio de endocrinología del hospital, Héctor Escobar Morreale, descrito por varias fuentes que han trabajado con él como un hombre muy conservador, expedientado por acoso laboral a una subordinada. La portavoz del hospital rechazó la posibilidad de entrevistar a Escobar Morreale.

La debilitación del servicio se produjo cuatro meses después de la llegada al poder madrileño de Isabel Díaz Ayuso, cuyo Gobierno es dependiente de Vox, un partido abiertamente hostil contra los avances en derechos de la comunidad trans. Ayuso anunció este jueves que va a modificar las leyes de género y protección contra la LGTBIfobia, cediendo parcialmente a la presión de Vox, que ha pedido derogarlas.

Fuente: El País, Diverso Ecuador